Mientras la agenda oficial se atomiza entre reformas electorales y cálculos de coyuntura, la negociación paritaria docente naufragó con una propuesta oficial que apenas roza el 10% de lo reclamado por ley. Los sindicatos endurecen el tono y preparan medidas de fuerza.
La brecha entre las urgencias de la gestión económica y la realidad cotidiana de las aulas universitarias se ensancha cada día más. En una nueva reunión paritaria que dejó en evidencia el cortocircuito entre el Ejecutivo y la comunidad académica, el Gobierno nacional ofreció un incremento salarial del 3% para septiembre. La respuesta gremial fue unánime y tajante: rechazo absoluto, catalogación de «monólogo» a la mesa de diálogo y convocatoria inmediata a medidas de fuerza.
El trasfondo de este nuevo conflicto expone el desgaste de una relación institucional marcada por los tironeos judiciales y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Mientras la Casa Rosada concentra sus esfuerzos políticos en negociar con gobernadores, desactivar embates opositores en el Congreso y discutir reformas electorales, el salario docente continúa perdiendo la pulseada contra la inflación y el ajuste fiscal.
3% vs. 31,2%
LA DISTANCIA INSALVABLE: LA OFERTA OFICIAL FRENTE AL DESFASAJE ACUMULADO A JULIO
Un «monólogo» paritario que dinamitó los puentes
El encuentro paritario de este martes dejó poco margen para el optimismo. Representantes de ADUBA, CONADU Histórica y el arco sindical docente coincidieron en calificar la propuesta oficial como una provocación en medio de la crisis. Según detalló Emiliano Cagnasi (ADUBA-FEDUN), el 3% ofrecido por el Ejecutivo representa apenas un 10% de la recomposición real que se adeuda por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la pauta inflacionaria.
“Cuando uno se sienta a un diálogo paritario y ese diálogo se convierte en un monólogo de una de las partes, con un ofrecimiento de apenas el 3%, la situación resulta difícil de comprender. Es darle la espalda a la Justicia, al Poder Legislativo y a la sociedad que salió cuatro veces a marchar en defensa de un derecho propio.”
— Emiliano Cagnasi (ADUBA)
Por su parte, desde CONADU Histórica, Francisca Staiti apuntó directamente a la maniobra gubernamental: “El Gobierno trajo una propuesta muy lejos del 31,2% que se nos está adeudando a julio por la cautelar de la Justicia, más la inflación de agosto”, remarcó, advirtiendo que el Ejecutivo solo busca “ganar tiempo en los tribunales”.
La desconexión oficial y el costo de relegar la educación
Lo que subyace en este conflicto no es solo una discusión porcentual de planillas de cálculo, sino un síntoma profundo de prioridades políticas. Mientras las grandes mesas de rosca política en Balcarce 50 se abocan a la ingeniería electoral y a blindar la caja frente a los gobernadores, la educación superior pública transita una agonía presupuestaria y salarial que vulnera el funcionamiento de las casas de altos estudios en todo el país.
Los gremios reconocen la necesidad de ordenar las cuentas fiscales —un mantra inalterable de la administración libertaria—, pero denuncian la asimetría de un ajuste que recae sistemáticamente sobre los docentes y no docentes, ignorando los fallos de la Corte Suprema y el peso simbólico y material que la universidad tiene para la sociedad argentina.
El plan de lucha
El fracaso de la negociación activó de inmediato el andamiaje gremial. CONADU Histórica ratificó un paro nacional de 24 horas, mientras que desde el ámbito de la UBA y otras federaciones confirmaron la implementación de medidas de fuerza de manera urgente. Asimismo, el conflicto sumará un nuevo capítulo federal este jueves 3 de septiembre en Bariloche, donde el Frente Gremial Universitario se reunirá en el marco del plenario del Consejo Universitario Nacional para definir la continuidad de un plan de lucha que promete escalar ante la intransigencia oficial.
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