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El plan de Milei para 2027 activa el adelanto electoral en las provincias

Mientras el Gobierno nacional prioriza el armado político para mantener el poder en 2027, el aumento sostenido del desempleo y la recesión agudizan el malestar social, impulsando a varios gobernadores a despegarse y adelantar sus comicios.

En un contexto marcado por una economía que no logra despegar y un índice de desempleo que crece de manera alarmante día a día, la agenda de la Casa Rosada parece marchar por un carril paralelo.

El presidente Javier Milei ratificó de forma contundente que buscará un segundo mandato en las elecciones presidenciales de 2027, bajo la firme consigna de que su equipo está «recontra convencido» de lograr la victoria.

Frente al evidente hartazgo político de una sociedad golpeada por la crisis, el mandatario libertario concentra sus esfuerzos en el diseño de la futura campaña y en tejer alianzas de conveniencia con mandatarios provinciales, buscando sellar acuerdos que le permitan superar los números obtenidos en los comicios de 2023.

La rebelión del calendario: las provincias toman distancia

Esta prematura centralidad en la disputa por el poder nacional generó una reacción defensiva en el mapa federal argentino. Con el fin de preservar sus territorios del descontento social y evitar quedar entrampados en la polarización de Buenos Aires, ya son varios los mandatarios provinciales que anticiparon que desdoblarán sus calendarios electorales, dando por sentado que en sus distritos se votará en fechas completamente diferidas a las presidenciales.


El gobernador Ignacio Torres, confirmó públicamente la decisión de su espacio, Despierta Chubut, de adelantar las elecciones en su provincia. Si bien aclaró que la fecha puntual aún está supeditada al debate nacional sobre la eliminación o suspensión de las PASO, Torres baraja un abanico temporal autónomo: «Sería una buena fecha agosto. Creo que no está mal«, precisó, aunque no descartó los meses invernales de junio o julio.

Esta estrategia de «provincializar» la discusión responde a la necesidad de blindar la gestión local frente a un rumbo macroeconómico nacional que sigue sembrando incertidumbre en los sectores productivos y laborales del interior.

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