Tras la medida interina de la Corte Suprema, el oficialismo sostiene que los bloques dialoguistas ya no tienen la misma urgencia para rechazar de manera completa el decreto y busca concentrar la agenda en otras iniciativas.
El Gobierno recibió con alivio el nuevo pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia respecto a la Ley de Tierras y considera que este escenario puede desarticular la sesión especial convocada por la oposición en la Cámara de Diputados para avanzar contra el DNU 70/2023. En la Casa Rosada interpretan que la restitución provisoria de las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros elimina uno de los principales argumentos que distintos bloques utilizaban para impulsar el rechazo integral del decreto.
El máximo tribunal suspendió de manera interina los efectos del artículo 154 del DNU —el cual había derogado la Ley 26.737— hasta que el Juzgado Federal de Bariloche resuelva sobre la legitimación de los demandantes y se expida sobre el fondo de la medida cautelar. Si bien la decisión no constituye un fallo definitivo sobre la constitucionalidad de la norma, en Balcarce 50 sostienen que altera sustancialmente la correlación de fuerzas en el Parlamento.
Un nuevo escenario en la negociación con los aliados
A partir de este panorama, el oficialismo mantiene conversaciones con bloques dialoguistas y confía en que la oposición no logrará reunir el quórum necesario para abrir el debate en el recinto.
La lectura oficial indica que los diputados que cuestionaban específicamente la flexibilización en la extranjerización de tierras ya no necesitan acompañar un rechazo completo del decreto de necesidad y urgencia, dado que la Justicia dejó suspendido provisionalmente el artículo cuestionado.
Este cambio táctico también modificó los planes del Ejecutivo en la Cámara baja. Hasta esta semana, los asesores legislativos evaluaban reincorporar un capítulo sobre tierras rurales dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para ofrecer una alternativa a los aliados. Sin embargo, en la Casa Rosada ahora evalúan no avanzar con esa iniciativa mientras persista la judicialización, evitando así reabrir un debate que consideran políticamente costoso y que nunca contó con un respaldo social o electoral masivo.
Enfoque en la agenda legislativa de fin de año
El fallo de la Corte Suprema sobre el expediente impulsado por la organización Árbol de Pie —que planteó reparos ambientales y de territorios indígenas, diferenciándose de causas anteriores— le otorga al Ejecutivo una salida política temporal.
Con este respiro, el oficialismo apunta a despejar el terreno de conflictos para concentrar las negociaciones en otros proyectos clave de cara al tramo final del año, como las iniciativas sobre Malvinas, el nuevo régimen de Discapacidad y endeudamiento familiar, que se debatirán en las próximas semanas en paralelo a las discusiones por el Presupuesto 2027. La premisa en la Casa Rosada es clara: dejar que la discusión por las tierras continúe en los tribunales y blindar el DNU 70 frente a nuevos embates legislativos.
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