La salida del funcionario se produjo en medio de un fuerte rechazo político y social a las modificaciones proyectadas para el sector, que incluyen la derogación parcial de emergencias, restricciones en pensiones y la eliminación del arancel único de prestaciones.
El escenario político y social en torno al colectivo de personas con discapacidad atraviesa horas de máxima tensión. Este lunes se confirmó la renuncia del secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, quien le presentó su dimisión en una carta al ministro de Salud, Mario Lugones.
Aunque el exfuncionario adujo razones “estrictamente personales”. Su alejamiento se da en el momento más álgido de la discusión parlamentaria por el proyecto de Presupuesto 2027, el cual contempla drásticos recortes y modificaciones estructurales que encendieron las alarmas en materia de derechos sociales.
La salida de Vilches —médico sanitarista que había asumido en febrero tras la reestructuración de la ex-Andis— profundiza la crisis de gestión en un área sensible. La dimisión ocurre apenas semanas después de su primera exposición ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados donde debió defender la sostenibilidad fiscal de la política oficial frente a los embates de la oposición que reclamaba prorrogar la emergencia en el sector.
Radiografía de un ajuste que golpea los derechos adquiridos
El malestar que derivó en la renuncia y en un fuerte cruce interno dentro del propio oficialismo y bloques aliados tiene su raíz en el articulado del Presupuesto 2027 enviado al Congreso.
El texto oficialista introdujo cambios profundos que impactan directamente sobre la subsistencia, la autonomía y la atención médica de las personas con discapacidad.
Se proyecta dar de baja parte de la Ley de Emergencia en Discapacidad, desprotegiendo un marco normativo de resguardo para el sector. Se elimina el arancel único del nomenclador de prestaciones, una herramienta clave que garantizaba valores de cobertura uniformes para terapias, centros de día, transportes y rehabilitación, abriendo la puerta a la desregulación y a la pulverización de los honorarios profesionales. Se quita al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso a la pensión no contributiva.
Como si esto fyera poco, se fija una incompatibilidad absoluta entre la percepción de la pensión y el trabajo registrado, rompiendo con el esquema actual que permitía combinarlas hasta dos salarios mínimos.
Por otro lado, se retoma un criterio restrictivo de invalidez laboral, fijando el beneficio en apenas el 70% del haber mínimo jubilatorio.
Consecuencias sociales: un retroceso en la integración y la autonomía
Analistas sociales, asociaciones civiles y referentes de derechos humanos advierten que las medidas proyectadas representan un golpe devastador para uno de los sectores más vulnerables de la población, con consecuencias graves e inmediatas en el tejido social.
Vulnerabilidad económica extrema: La prohibición de compatibilizar la pensión con el empleo formal desincentiva la inserción laboral de las personas con discapacidad, empujándolas directamente hacia la informalidad o la dependencia estatal absoluta en un contexto de alta vulnerabilidad inflacionaria.
Colapso del sistema prestacional: La eliminación del arancel único amenaza con desfinanciar a los prestadores (instituciones, transportistas, terapeutas y acompañantes terapéuticos), lo que se traducirá indefectiblemente en cortes de servicios, abandono de tratamientos esenciales y un deterioro severo en la calidad de vida de los pacientes.
Obstáculos burocráticos y exclusión: Al desvincular el CUD de la tramitación de las pensiones y endurecer los baremos de invalidez, se pulveriza el acceso a la cobertura básica de seguridad social, obligando a las familias a transitar caminos burocráticos engorrosos e excluyentes.
Un conflicto político sin resolución clara
La magnitud de los cambios generó un terremoto político inesperado. Incluso referentes políticas del oficialismo y aliadas, como la jefa del bloque en el Senado, Patricia Bullrich, cuestionaron duramente la iniciativa al calificarla como una «bomba atómica» gestada desde el Ministerio de Economía sin consulta previa con los sectores técnicos ni políticos.
Ante la masiva presión y el costo social insostenible, desde el oficialismo ya deslizaron la intención de dar marcha atrás y buscar un texto consensuado con la oposición dialoguista. Sin embargo, la renuncia de Vilches deja al desnudo la fragilidad institucional de la cartera sanitaria para contener una demanda social que exige previsibilidad, derechos y, sobre todo, la garantía de que el equilibrio fiscal no se construya sobre el ajuste a la discapacidad.
Basado en información publicada en TN
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