Con el rechazo de la izquierda, el Pich y disidencias en Unión por la Patria, el arco parlamentario convalidó la continuidad de los beneficios impositivos para más de 8.000 productores rurales.
La Legislatura del Chubut sancionó este jueves, por amplia mayoría, la ley que prorroga la eximición del cobro del impuesto inmobiliario a los establecimientos ganaderos productivos ubicados en territorio provincial y fuera de los ejidos municipales, durante todo el período fiscal 2026. La medida, impulsada por el Poder Ejecutivo, busca inyectar un alivio financiero a un sector castigado por contingencias climáticas y económicas.
La sesión ordinaria estuvo presidida por el vicegobernador Gustavo Menna y ratificó la normativa con los votos afirmativos de los bloques Despierta Chubut, Familia Chubutense, Chubut Unido y Compromiso Chubut. El bloque de Arriba Chubut acompañó en general, con la única disidencia de la diputada Norma Arbilla, mientras que las bancadas del Pich y el Frente de Izquierda votaron en contra del proyecto.
Alcance y retroactividad de los beneficios
El texto aprobado estipula que aquellos contribuyentes alcanzados que ya hubieran realizado pagos correspondientes al período 2026 verán imputados esos montos como pagos a cuenta del gravamen del año 2027 y, de existir un remanente, se trasladará a los períodos fiscales subsiguientes.
Asimismo, la normativa convalida la prórroga de los vencimientos del impuesto inmobiliario de los períodos 2023 y 2024 para los mismos establecimientos productivos rurales. Será la Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut (ARECH) la autoridad encargada de aplicar la normativa destinada a explotaciones que acrediten actividad efectiva.
Desde los fundamentos del proyecto se remarcó que la herramienta busca preservar la continuidad de las explotaciones y sostener una actividad neurálgica para la economía y la territorialidad chubutense.
Defensa oficialista: foco en los pequeños productores
Al fundamentar la iniciativa del oficialismo, el diputado Leonardo Bowman (Despierta Chubut) detalló que el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios contabiliza unos 8.600 productores inscriptos. En esa línea, enfatizó que la medida «llega directamente a los pequeños y medianos productores, que son los que menos posibilidades económicas tienen para sobrellevar la crisis y hacer frente a las cargas impositivas». Además, precisó que la ley invita a los municipios a adherirse para ampliar el paraguas de protección fiscal.
En sintonía, el presidente de la bancada oficialista, Daniel Hollmann, salió al cruce de los cuestionamientos opositores y recordó que cerca del 90% de los establecimientos beneficiados pertenecen a pequeños y medianos productores. «Esta gestión decidió dar continuidad con fondos provinciales a programas como ProLana y Mohair cuando Nación decidió terminarlos», subrayó, al tiempo que cuestionó a quienes hablan de «soluciones mágicas» sin ponderar el impacto de catástrofes como sequías, cenizas volcánicas, nevadas extraordinarias y emergencias ígneas.
Reparos, críticas y contrapuntos en la oposición
Desde el bloque de Arriba Chubut, Vanesa Abril acompañó la ley pero advirtió que se trata de «un paliativo que ya tenían», señalando que las entidades rurales reclaman respuestas de fondo ante la delicada situación que atraviesa el sector. Su compañero de bancada, Juan Pais, cuestionó la falta de una política productiva integral por parte de la administración provincial y apuntó a la rotación de ministros en el área, reclamando mayor coordinación oficial.
Por su parte, Norma Arbilla (Arriba Chubut) exigió mayores certezas sobre el modelo productivo hacia el cual se dirige la provincia y el destino de los pequeños productores.
Los motivos de los rechazos
El sector más duro de la oposición argumentó su negativa en la falta de transparencia sobre los beneficiarios finales de los beneficios. Tatiana Goic (Primero Chubut-CET) justificó su voto negativo al interpelar sobre quiénes son los verdaderos dueños de las tierras beneficiadas: «Son grandes terratenientes que, encima, incumplen con la legislación laboral y registran trabajadores hacinados», disparó, reclamando prioridades ante la escasez de recursos provinciales.
En idéntica postura, Andrea Toro (Pich) y Juan Aquino (Frente de Izquierda) fundamentaron su rechazo al considerar que los criterios de asignación no garantizan que la asistencia llegue de manera efectiva a los sectores rurales más vulnerables.
En la vereda opuesta, su par de bloque Mariela Williams defendió la sanción de la norma al graficar que, si bien la medida es «una curita», la acumulación de distintas herramientas fiscales puede conformar «una gasa importante que ayude al campo a salir adelante» tras años de postergaciones y adversidades climáticas.
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